Un padre que perdió a su hija por la mala influencia de las redes sociales cree que prohibirlas no es la solución

Ian Russell defiende regular las redes sociales para proteger a los menores sin recurrir a prohibiciones totales
Foto: El País

Ian Russell defiende regular las redes sociales para proteger a los menores sin recurrir a prohibiciones totales

Ian Russell, padre de Molly Russell, fallecida con 14 años tras un proceso de autolesión vinculado a la exposición continuada a contenidos dañinos en redes sociales, sostiene que prohibir el acceso a estas plataformas a los menores no es la solución más eficaz. Según la investigación oficial, Molly consumió más de 2.100 mensajes perjudiciales en Instagram durante los últimos meses de su vida, en un contexto de depresión que pasó desapercibido para su entorno familiar.

Tras años de lucha para obtener información de las plataformas y exigir responsabilidades, Russell creó la Fundación Molly Rose, dedicada a apoyar a familias y a investigar el impacto de las redes sociales en adolescentes. Desde su experiencia, denuncia que la seguridad online para menores es claramente insuficiente y que los gobiernos han permitido durante demasiado tiempo que las grandes tecnológicas operen sin controles efectivos.

Aunque varios países, entre ellos España, han anunciado o aprobado la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, Russell considera que esta medida presenta graves limitaciones. A su juicio, las prohibiciones no suelen cumplirse plenamente, empujan a los adolescentes a buscar plataformas alternativas o a ocultar sus hábitos digitales y dificultan una comunicación honesta con las familias. Además, advierte de que también se perderían los aspectos positivos de las redes, como la creatividad, la conexión social o el apoyo a colectivos minoritarios.

Russell defiende como alternativa una regulación estricta y dinámica que obligue a las plataformas a modificar su diseño y funcionamiento. Propone sistemas de clasificación por edades, similares a los del cine, la eliminación de algoritmos adictivos para menores y sanciones contundentes para las empresas que incumplan las normas, incluida la expulsión temporal de los mercados nacionales. También reclama leyes ‘vivas’, capaces de adaptarse con rapidez a la evolución tecnológica.

Para Russell, la responsabilidad no debe recaer en los menores ni exclusivamente en las familias, sino en unas plataformas que, según denuncia, han demostrado no cumplir sus promesas de protección y acumulan un poder que supera al de muchos Estados.

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