Estados Unidos expande rápidamente su infraestructura de vigilancia tecnológica con enfoque en inmigración

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha intensificado la implementación de un sistema de tecnovigilancia masiva, especialmente dirigido a inmigrantes, extranjeros y estudiantes. Este sistema utiliza herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial para monitorizar y perseguir a miles de personas sin autorización judicial. Entre las tecnologías empleadas se encuentran el análisis de datos biométricos, escaneo de redes sociales, geolocalización móvil, reconocimiento facial y seguimiento vehicular. Empresas privadas como Palantir, Anduril y GEO Group colaboran con el gobierno para fortalecer esta infraestructura, financiada con grandes presupuestos públicos y en alianza con el sector privado. Destaca el papel del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, que recopila datos sensibles de millones de ciudadanos y los utiliza para alimentar plataformas de deportación y control migratorio. La vigilancia afecta de forma desproporcionada a comunidades vulnerables, y organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre la erosión de libertades fundamentales y posibles violaciones a los derechos civiles. Esta expansión tecnológica en EE.UU. también tiene repercusiones en Europa, donde agencias similares adoptan métodos parecidos. La creciente normalización de esta vigilancia plantea serias preocupaciones éticas y legales sobre la privacidad y el respeto a los derechos humanos.