España impone nuevas exigencias de autonomía eléctrica a las redes móviles para mantener comunicaciones en apagones
El Gobierno español ha presentado el borrador de un real decreto sobre la resiliencia de las redes de telecomunicaciones tras los problemas causados por el apagón del 28 de abril. La norma establece tres niveles de infraestructura —principal, intermedio y básico—, cada uno con distintos plazos de autonomía eléctrica: 24, 12 y 4 horas respectivamente. En el caso de las redes móviles, se exige que al menos el 85% de la población mantenga cobertura durante esas cuatro horas de interrupción del suministro.
Para cumplir con el decreto, los operadores deberán equipar los emplazamientos con baterías o generadores, aunque la instalación resulta más compleja en zonas urbanas debido a limitaciones estructurales y permisos vecinales. Según el Ministerio de Transformación Digital, el 30% de los 10.400 emplazamientos necesarios ya dispone de sistemas de reserva energética, por lo que alrededor de 7.280 deberán reforzarse. El coste total estimado se sitúa entre 51 y 73 millones de euros, cifra que el Ejecutivo califica como “proporcional y equilibrada”.
El texto especifica que estas medidas no contarán con ayudas ni subvenciones públicas, ya que el impacto presupuestario para el Estado sería nulo. También se recalca que las telecomunicaciones serán tratadas como servicios esenciales en situaciones de emergencia, exigiendo colaboración de las administraciones y fuerzas de seguridad. La normativa afectará tanto a las principales operadoras —Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi— como a proveedores de infraestructuras críticas como cables submarinos, satélites o centros de datos.
