Gobiernos europeos impulsan mensajeros propios para funcionarios y reducen el uso de WhatsApp y Signal

Varios gobiernos europeos, entre ellos Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, están implantando aplicaciones de mensajería internas para que sus funcionarios intercambien información sensible. El objetivo es dejar de utilizar plataformas como WhatsApp, propiedad de Meta, y Signal, gestionada por una organización sin ánimo de lucro estadounidense, sobre las que no tienen control. La Comisión Europea planea completar el cambio antes de finales de 2026, y la OTAN ya cuenta con su propio mensajero. Esta iniciativa responde a la búsqueda de soberanía tecnológica y a la preocupación por la dependencia estratégica de proveedores estadounidenses. Según la ministra digital neerlandesa, Willemijn Aerdts, las comunicaciones actuales se realizan a menudo en plataformas ajenas al control gubernamental, lo que supone un riesgo en un contexto donde la tecnología se usa como instrumento de poder. Bélgica ha lanzado recientemente BEAM, una app con funcionalidades similares a las aplicaciones populares pero bajo control estatal, que permite gestionar accesos, metadatos y entornos cerrados solo para empleados públicos. Expertos destacan que las apps de consumo no están diseñadas para entornos corporativos o gubernamentales de gran escala, especialmente en aspectos como control de acceso y defensa frente a campañas de phishing, como las recientes atribuidas a grupos rusos. La medida también busca mejorar la transparencia, ya que el cifrado de extremo a extremo y mensajes que desaparecen pueden ocultar decisiones importantes. El impulso se ha acelerado tras la vuelta de Donald Trump a la presidencia estadounidense, eventos como el uso de Signal por altos cargos para compartir planes clasificados y fallos en infraestructuras cloud como el de Amazon Web Services. Aunque no se cuestiona la seguridad criptográfica de WhatsApp o Signal, los gobiernos priorizan el control sobre metadatos y la soberanía de datos. Esta tendencia refleja un esfuerzo práctico por alinear las comunicaciones oficiales con las necesidades de seguridad y gobernanza.