Estados Unidos veta a activistas y reguladores europeos vinculados a la aplicación de la ley digital de la UE
Cinco ciudadanos europeos vinculados a la lucha contra la desinformación y el discurso de odio han sido vetados para entrar en Estados Unidos por decisión de la Administración Trump. Entre los afectados se encuentran la británica Clare Melford, directora del Global Disinformation Index; el excomisario europeo Thierry Breton, principal impulsor del Reglamento de Servicios Digitales (DSA); y responsables de organizaciones como el Center for Countering Digital Hate (CCDH) y HateAid. Washington justifica la medida acusándolos de promover la “censura” y de presionar a plataformas estadounidenses para retirar contenidos o limitar su monetización.
Los afectados niegan estas acusaciones y sostienen que su labor se limita a investigar y documentar la propagación de bulos, odio y prácticas opacas de las grandes tecnológicas, con el objetivo de que estas cumplan la legislación europea. El veto se interpreta en Bruselas como un ataque directo a la soberanía regulatoria de la Unión Europea y un intento de intimidar a quienes participan en la aplicación del DSA, aprobado por una amplia mayoría del Parlamento Europeo y por unanimidad de los Estados miembros.
El caso más delicado es el de Imran Ahmed, director del CCDH, que reside legalmente en Estados Unidos con su familia. Ahmed ha recurrido a los tribunales y ha logrado que un juez federal bloquee temporalmente cualquier intento de detención o deportación, al considerar que la medida podría vulnerar la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense. Otras organizaciones, como HateAid, denuncian además consecuencias económicas inmediatas, como la retirada de apoyo financiero por parte de algunos socios.
Desde la perspectiva europea, el conflicto refleja la creciente tensión entre la UE y las grandes tecnológicas estadounidenses, especialmente tras las primeras multas impuestas a plataformas como X en aplicación del DSA. Los afectados defienden que el debate sobre la censura es una excusa para proteger intereses económicos y aseguran que el veto no frenará su trabajo, sino que refuerza su determinación de seguir investigando y denunciando los abusos en el entorno digital.