LaLiga y otras entidades exigen medidas más duras contra la piratería de eventos deportivos en directo en la UE
LaLiga, junto con 36 entidades del sector deportivo y audiovisual, entre las que se encuentran la Premier League, la Bundesliga, beIN, Dazn, Disney+, Warner Bros Discovery y Paramount+, ha remitido una carta a altos cargos de la Comisión Europea para demandar un endurecimiento legislativo contra la piratería de retransmisiones en directo. Critican que la Recomendación de 2023 sobre la lucha contra la piratería en línea de eventos deportivos no ha surtido efecto, al ser meramente orientativa y no vinculante. Según sus datos, solo el 3 % de las emisiones ilegales se interrumpieron en menos de 30 minutos y el 81 % nunca fueron canceladas.
Para revertir esta situación, proponen tres medidas principales. En primer lugar, obligar a los intermediarios de servicios en la nube, como Cloudflare, a suspender los streams infractores en un plazo máximo de 30 minutos desde la notificación. En segundo lugar, instaurar un sistema europeo similar al Piracy Shield italiano, que permita el bloqueo dinámico y en tiempo real de direcciones IP y sitios web por parte de los titulares de derechos, con la colaboración obligatoria de las operadoras de telecomunicaciones para impedir el acceso desde redes fijas y móviles. Esta medida incluye el bloqueo de IPs, algo que en España ya ha provocado afectaciones a sitios legítimos.
En tercer lugar, exigen que servicios como VPN, redes CDN y tiendas de aplicaciones implementen un sistema de identificación fehaciente de usuarios (KYC), similar al de las entidades financieras, para rastrear el mal uso de estas herramientas. Además, piden la aplicación plena de la Ley de Servicios Digitales y el reconocimiento de los firmantes como ‘alertadores fiables’, lo que les otorgaría autoridad para ordenar bloqueos directos a las plataformas.
La iniciativa busca proteger los derechos de propiedad intelectual de los eventos en directo, pero plantea controversias por su posible impacto en la neutralidad de la red, la privacidad de los usuarios y el riesgo de sobrebloqueos que afecten a servicios legítimos.