Autistici/Inventati: Cierre del colectivo digital tras sanciones estadounidenses por gestionar infraestructuras digitales libres
El colectivo digital italiano Autistici/Inventati (A/I), fundado en 1999, ha sido incluido en la lista de entidades proscritas como ‘organización terrorista global’ por los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, lo que ha llevado a su disolución. Este colectivo ofrece servicios digitales gratuitos y sin rastrear, como cuentas de correo, listas de correo y VPN, destinados a grupos sociales y políticos que priorizan la privacidad y la autonomía digital. Las sanciones estadounidenses, aplicadas el 26 de agosto de 2026, no solo afectaron directamente a A/I, sino que también generaron un efecto en cadena: el Public Interest Registry (PIR) eliminó el dominio autistici.org, bloqueando más de 20.000 cuentas de correo y 5.500 listas de correo, mientras que Banca Etica, la entidad financiera italiana que gestionaba sus fondos, rescindió el contrato, dejando bloqueados los recursos provenientes de donaciones. A/I, que se identifica como antifascista y antimilitarista, explicó en un comunicado que la decisión de cesar sus actividades se debió a que ‘seguir ofreciendo nuestros servicios es solo un peligro más para nuestras usuarias, así como para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad’. El colectivo destacó que las sanciones no se basaron en actividades ilegales, sino en la ideología política del grupo, al igual que hubiera sido el caso si se hubieran sancionado gigantes tecnológicos como Meta o Google por alojar contenido de grupos extremistas. La noticia subraya la importancia de crear infraestructuras digitales autónomas y libres, alejadas de los monopolios tecnológicos estadounidenses, como una necesidad para la resistencia política y la autonomía comunitaria. El colectivo invita a replicar sus infraestructuras digitales, promoviendo la idea de ‘multiplicar como fractales las infraestructuras del disenso’ para contrarrestar la represión. La disolución de A/I representa un ataque directo a la autonomía de los medios digitales y a la capacidad de organizaciones políticas para comunicarse sin depender de plataformas comerciales controladas por corporaciones estadounidenses. Este caso refleja una estrategia de represión global que busca silenciar voces críticas al capitalismo y al sistema de poder establecido, utilizando sanciones financieras y técnicas para desactivar infraestructuras digitales alternativas.